Legislación de Canarias

DECRETO 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias.
Artículo 5.- Participación ciudadana.
1. Las administraciones actuantes deben fomentar y en todo caso asegurar la participación de los ciudadanos y de las entidades por éstos constituidas para la defensa de sus intereses y valores, en la gestión y el desarrollo de la actividad de ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística, así como velar por sus derechos de información e iniciativa.
2. La participación de los ciudadanos en los procesos de ordenación regulados en este Reglamento, en cuanto cauce para colaborar en la toma de decisiones que puedan afectar a su calidad de vida, y oportunidad para las administraciones públicas de aprovechar las ideas y conocimiento local de los afectados, debe sustentarse en la realización efectiva de las siguientes condiciones:
a) Fomento de la participación. Las administraciones actuantes deberán recabar criterios y sugerencias de la ciudadanía, desde las fases previas de la formulación de los instrumentos de ordenación, y durante todo su proceso, incidiendo en la importancia de la participación como vía para la expresión democrática de demandas sociales y medio para la obtención conjunta de soluciones de interés general. A tales efectos, previamente al inicio de la formulación y durante su transcurso, las administraciones que lleven a cabo un procedimiento con incidencia territorial y urbanística deberán fomentar la colaboración y participación pública permanente, a través de los medios seņalados, o de los que disponga, realizando incluso, si fuera necesario, campaņas publicitarias específicas.
b) Concertación y consenso. En la integración y armonización de cuantos intereses afecten de forma relevante al territorio, con subordinación en todo caso de los privados a los públicos, las Administraciones actuantes procurarán buscar vías de concertación con objeto de alcanzar acuerdos consensuados respecto a las determinaciones que les afecten, y en especial:
1) Convocar a representantes de los vecinos o entidades representativas, o a los propios afectados, si fuera posible, cuando se presente un número significativo de alegaciones que expresen una apreciable oposición a alguna de las determinaciones previstas para explicar y debatir los aspectos más discutibles de la ordenación propuesta, y analizar alternativas razonables.
2) Cuando la importancia de una determinada decisión así lo aconseje, la Administración actuante podrá encargar la realización de encuestas o estudios de opinión con el fin de valorar adecuadamente el grado de aceptación o rechazo de determinadas alternativas, o las preferencias entre diferentes propuestas.
3) De igual manera, de estimarlo necesario, podrán convocarse concursos de alternativas para que puedan presentarse y defenderse aquellas opciones que, dentro de unos parámetros de costos y respetando los requisitos y objetivos pretendidos, resuelvan los problemas planteados del modo más satisfactorio, den lugar a menores impactos ambientales, o supongan inferiores costes económicos o sociales.
3. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los procesos de aprobación de los instrumentos de ordenación en los períodos de participación pública, como trámite a que se somete el documento de Avance, e información pública, trámite al que se someten los documentos tras la aprobación inicial. Este derecho comprende:
a) El derecho a obtener información suficiente y clara respecto a la ordenación prevista por el instrumento en exposición pública, incluyendo la posibilidad de examinar directamente toda la documentación y recibir copias, a su costa, sea en soporte papel o digital, de la misma.
b) El de presentar alegaciones, con las sugerencias, alternativas o propuestas que estime oportunas con objeto de mejorar la ordenación o de salvaguardar sus derechos o intereses legítimos.
c) El derecho a recibir una respuesta razonada respecto a dichas alegaciones, cuando así se solicite, del modo previsto en este Reglamento.
4. Con objeto de facilitar la participación ciudadana, las administraciones públicas, conforme a los medios de que dispongan y dentro del marco normativo de aplicación, proporcionarán a los particulares la posibilidad de ejercer sus derechos a través de medios electrónicos, telemáticos e informáticos.
5. Los ciudadanos tienen derecho a exigir el cumplimiento de la legalidad mediante el ejercicio de la acción pública ante los órganos administrativos y judiciales.
Artículo 6.- Publicidad de los instrumentos de ordenación.
1. Los instrumentos de ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística, así como los procedimientos que los desarrollen y ejecuten, tienen carácter público. Las administraciones públicas actuantes garantizarán que unos y otros sean conocidos suficientemente por los ciudadanos afectados y facilitarán su accesibilidad y comprensión, poniendo a su disposición los medios de atención a consultas que contribuyan a tal fin.
2. Con idéntica finalidad se promoverá el acceso y estudio de la documentación relativa a los instrumentos, tanto en trámite como en vigor, facilitando la adquisición, a costa del solicitante, de copias en formatos digitales, o el acceso a sitios o portales oficiales donde se pueda visualizar, descargar o imprimir la documentación vertida. La disponibilidad de la información ofrecida desde los sitios o portales oficiales no sustituirá en ningún caso a la publicación, notificaciones y acceso directo a la documentación con los requisitos formales establecidos en este Reglamento.
3. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística del Gobierno de Canarias, a través de los correspondientes convenios de colaboración, impulsará y coordinará con Ayuntamientos y Cabildos la homogeneización y desarrollo de las técnicas seņaladas, con las garantías y requisitos de seguridad indispensables, pudiendo asimismo acordarse que pueda accederse a la documentación de los instrumentos de ordenación, tanto en vigor como en trámite, a través de la página o portal oficial de dicha Consejería, o de la del Consejo Cartográfico de Canarias, cuando la Administración actuante no disponga de dicha posibilidad.
Artículo 7.- Derecho a la información.
1. Las administraciones públicas canarias garantizarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, el derecho a la información de los particulares, facilitando el acceso a toda la información disponible en cualquier tipo de soporte material, referida a los instrumentos de ordenación, gestión y ejecución del planeamiento, tanto en vigor como en trámite.
2. El derecho de acceso a la información comprende, sin obligación de acreditar un interés determinado:
a) El derecho a ser informado del estado de la tramitación de los procedimientos que afecten a los instrumentos de ordenación y ejecución del planeamiento.
b) El derecho a consultar directa y materialmente la totalidad de la documentación de los instrumentos en vigor, y a obtener copias, a costa del solicitante, de la misma. A tales efectos, las Administraciones públicas deberán disponer de un ejemplar completo y diligenciado de cada uno de los instrumentos de planeamiento vigentes en su ámbito territorial destinado exclusivamente a su examen por los ciudadanos.
c) El derecho a obtener toda la información urbanística disponible relativa a una parcela o área determinada, con arreglo a los siguientes requisitos:
1) Deberá ser solicitada al Ayuntamiento competente territorialmente, ante el Registro municipal que corresponda, identificando claramente la parcela o área territorial y las circunstancias que se desean conocer.
2) Deberá seņalarse si se solicita certificación del contenido del instrumento de ordenación o ejecución del planeamiento, simple informe, o fotocopia compulsada de la documentación obrante en el instrumento o expediente de aprobación.
3) La información municipal deberá facilitarse en el plazo máximo de un mes.
4) La exacción de tasas por la expedición de la información deberá haber sido previamente establecida conforme a la normativa aplicable.
Artículo 8.- Plazos.
1. En los procedimientos administrativos regulados por el presente Reglamento no se podrá acordar el acortamiento de los plazos establecidos para el ejercicio del derecho de participación ciudadana, ni siquiera en caso de aplicarse al procedimiento el trámite de urgencia.
2. La ampliación de los plazos seņalados podrá acordarse por una sola vez, en un máximo del total de su duración, mientras esté todavía vigente el plazo inicial de referencia.
3. Los plazos que dependan de la publicación de un determinado acto se contarán desde el día siguiente al de su publicación. Cuando se realice oficialmente en varios o diferentes medios de difusión pública, su finalización se contará a partir de la fecha del último boletín o diario donde fuere publicado.
4. Los plazos para evacuar las consultas o emitir los informes previstos en el presente Reglamento se computarán a partir de la recepción del escrito de remisión, junto con la documentación necesaria, por el órgano competente para contestar o informar, suspendiéndose el transcurso de dichos plazos en tanto no se solventen las deficiencias de documentación cuya subsanación haya sido requerida. Por los mismos motivos se suspenderán los plazos para resolver la aprobación definitiva.
5. No será de aplicación la suspensión seņalada en el apartado anterior cuando la documentación esté disponible en un sitio o portal oficial y se pueda visualizar, descargar e imprimir por la Administración Pública cuyo informe se solicita, en cuyo caso contará el plazo desde que se reciba el escrito donde se haga constar dicha posibilidad.
Decreto completo: DECRETO 55/2006

LEY 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma.
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Conseguir un desarrollo sostenible en los términos ya culturalmente asumidos, un desarrollo económico y social duradero, compatible con la conservación de los recursos naturales y el incremento de la calidad de vida, requiere disponer racionalmente de todas las potencialidades y propiciar una situación socioeconómica territorialmente equilibrada. En este orden, y a partir del criterio general de que las actividades turísticas constituyen, a corto y medio plazo, el instrumento con mayor capacidad de inducción del crecimiento económico y demográfico, se plantea la necesidad de buscar otros modelos turísticos alternativos que permitan el aprovechamiento de estas potencialidades y, entre ellas, el paisaje y el medio rural propio de estas islas o comarcas, incidiendo en el mercado turístico con otros productos, distintos a los ya tradicionales.
Esta propuesta va dirigida a que el suelo rústico adquiera un papel dinámico en las nuevas políticas territoriales, urbanísticas, medioambientales, socioeconómicas y culturales. En esta línea, se inserta la propuesta de la Ley 6/2001, de 23 de julio, de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del turismo de Canarias, relativa a previsiones para La Palma, La Gomera y El Hierro que permitan "instaurar un modelo de desarrollo sostenible propio y un desarrollo turístico específico" en estas islas, "mediante la realización en suelo rústico de unidades aisladas de explotación turística integradas en el medio y respetando el paisaje agrario".
...
Estos modelos deberán establecer unos ritmos de crecimiento que permitan una adecuación pacífica de las estructuras económicas y productivas locales, capaz de hacerlas partícipes y protagonistas del proceso que se genere y muy especialmente de la adecuación profesional de la población a las nuevas necesidades.
Ley completa: LEY 6/2002 pdf

LEY 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias.
Ley completa: LEY 19/2003

LEY 6/2001, de 23 de julio, de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y del Turismo de Canarias.
Ley completa: LEY 6/2001

DECRETO Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.
Decreto completo: DECRETO Legislativo 1/2000 pdf 1,3 MB
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asamblea ecologista de La Palma 2006
www.asambleaecologista.org