Borrador de Ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo
(anteproyecto 13 de mayo de 2008)

El Borrador de Ley de medidas urgentes en materia de Ordenación Territorial de fecha 13 de mayo de 2008, propone una serie de modificaciones en la legislación de Ordenación del Territorio y del Turismo de Canarias (Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales y Directrices de Ordenación General y del Turismo) que entendemos ponen en riesgo la adecuada defensa del Interés General, que ha de guiar toda actuación de los poderes públicos, así como la adecuada protección del Medio Ambiente, en clara contradicción con la exposición de motivos de la citada Ley en la que se indica que la sostenibilidad ambiental ha de presidir el desarrollo económico y social.

Una de las grandes innovaciones y logros estratégicos en la defensa del territorio de la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias, al amparo de la, en ese entonces vigente, Ley del Suelo 6/1998, de 13 de abril, fue la de dotar de personalidad propia al Suelo Rústico, que pasaba a ser protegido en función de sus propios valores intrínsecos (naturales, paisajísticos, económicos, etc), entendiendo necesaria su preservación como tal, con independencia de sus posibles aptitudes urbanísticas. Para la correcta protección de este suelo, ante la imposibilidad de establecer una ordenación pormenorizada del mismo desde los Planes Generales de Ordenación, la citada Ley de Ordenación del Territorio regula, como Instrumentos de Ordenación de nueva creación, las Calificaciones Territoriales y Los Proyectos de Actuación Territorial.

Con la Legislación de Ordenación del Territorio vigente en nuestra Comunidad, (ante la ausencia de otros mecanismos de protección efectivos), el papel de estos Instrumentos de Ordenación como tal, en su capacidad de Ordenar, se manifiestan imprescindibles para la correcta protección de un Suelo Rústico caracterizado por su diversidad, calidad, limitación y fragilidad, como garantía de sostenibilidad y soporte de nuestra economía.

Pese a lo anterior, en el proyecto de Ley tratado estos Instrumentos de Ordenación desaparecen del sistema de Planeamiento pasando a convertirse en meros actos administrativos de carácter autorizatorio, perdiendo por tanto su capacidad de ultimar el marco normativo de la actuación pretendida, es decir su capacidad de innovar el ordenamiento jurídico y, por tanto, su sentido. Paradójicamente, esta modificación se pretende justificar en una pretendida necesidad de simplificar un proceso administrativo que se entiende muy largo y, sin embargo, lo que se hace es, además de desproteger el Suelo Rústico, duplicar innecesariamente un acto administrativo autorizatorio del que ya se ocupan los Ayuntamientos con las Licencias Municipales.

Junto a lo expuesto, otra modificación de suma gravedad para la defensa del Interés General y en particular del Suelo Rústico, es el cambio propuesto al sentido del Silencio Administrativo de los procedimientos de Resolución de los citados Proyectos de Actuación Territorial y de las Calificaciones Territoriales, que pasan a ser positivos y que, por tanto, se entenderán autorizados por el mero hecho de que la Administración competente no emita su Resolución en los plazos legalmente establecidos, quedando la carga de demostrar su ilegalidad, en su caso, al ciudadano o entidad que entienda vulnerados sus derechos. Esta medida, preocupante en todo caso, se muestra de extremada gravedad en Canarias en general y en La Palma en particular, si tenemos en cuenta la experiencia de los últimos años, en que los plazos para la Resolución de estos Instrumentos de Ordenación se duplican y cuatriplican de forma innecesaria.

De igual forma, se articula como positivo el silencio para establecer la presunción de pequeña entidad de los proyectos de actuación territorial a efectos de simplificar su tramitación, con lo que se abre la puerta a que se establezcan en el suelo rústico equipamientos, dotaciones, instalaciones industriales e instalaciones energéticas que pongan en peligro los valores del mismo, debido a la usencia de garantías que, para este tipo de proyectos, ofrece la tramitación simplificada.

Con relación a los Suelos Urbanos y Urbanizables, en la misma línea y con la misma gravedad, se orienta el tratado anteproyecto de Ley con el sentido del Silencio Administrativo de los procedimientos de Aprobación de los Planes Parciales y de Ordenación, así como de los Estudios de Detalle, que pasan a ser positivos, cuando son de iniciativa privada y se archivan, pero con similares efectos que los anteriores, ya que se permite el otorgamiento de Licencias urbanísticas y la tramitación, en su caso, de los instrumentos de Ordenación, en los procedimientos de iniciativa pública.

Aún entendiendo inaceptable la situación actual, de injustificada y reiterada vulneración de los derechos de los ciudadanos que promueven iniciativas de transformación del territorio, por parte de las Administraciones Públicas competentes en velar por su protección, (lo que en muchas ocasiones avoca al ciudadano a cometer infracciones), alargando ilegalmente los plazos de Resolución de los expedientes autorizatorios, creemos que la solución no puede ir por la desprotección de nuestro frágil y limitado territorio, primando el interés de los promotores frente al interés de toda la colectividad. Por el contrario, creemos que la Ley debe y puede articular otras medidas que solucionen el problema de dichos promotores, sin atentar contra el interés general, en la línea de exigir responsabilidades a las Administraciones infractoras.

En similar postura de no exigir el cumplimiento de sus obligaciones a las Administraciones competentes en la materia, en este caso por no haber adaptado los correspondientes Planes de Ordenación en tiempo y forma, y en la línea de permitir la continuidad de la actividad transformadora sin suficiente planificación, al quedar fuera del marco de un planeamiento de rango superior adaptado, se posiciona igualmente este Anteproyecto de Ley, al permitir el desarrollo de Planes Territoriales y de Desarrollo sin la previa adaptación de los Planes Generales a la legislación de Ordenación del Territorio y del Turismo de Canarias.

En relación a lo expresado en el párrafo anterior, supuestamente previsto para facilitar el proceso de Adaptación de dichos Planes Generales de Ordenación al Texto Refundido de forma plena y a las Directrices, el Anteproyecto de Ley opta una vez más por sustraer los derechos de la colectividad, exonerando a estos Planes del trámite de Avance, y, con lo mismo, recortando las ya de por si escasas opciones de participación ciudadana. Con igual desvergüenza propositiva se actúa al regular las revisiones parciales de los Planes Generales e Insulares, a las que igualmente exceptúa del Avance.

Bien es verdad que, para lo dicho en el párrafo anterior con respecto a las adaptaciones, el Anteproyecto de Ley establece como requisito que no se modifique de forma sustancial el modelo territorial del Plan, pero, teniendo en cuenta que este concepto no está tasado y que le corresponde a la COTMAC su valoración, así como lo sucedido con la tramitación del PTE Turístico de La Palma, donde esta Comisión entendió que no era sustancial, entre otros, el cambio de modelo introducido durante su tramitación, creemos que lo mismo no es sino un recorte gratuito del derecho de los ciudadanos a participar en la ordenación territorial de su espacio de desarrollo.

Otro aspecto preocupante que propone el Anteproyecto de Ley de medidas urgentes, es el de permitir en Suelo Rústico Protegido por sus valores económicos, es decir en el productivo desde el punto de vista agrícola, ganadero, minero, etc, la implantación de infraestructuras y equipamientos (Depósitos de abastecimiento de agua, Plantas de generación de energías renovables, Centros educativos, Instalaciones industriales, etc) ajenos a la naturaleza de este suelo, sin que exista un previa planificación de lo mismo, es decir, sin que previamente haya sido clasificado como de Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y de Equipamientos.

Frente a lo anterior, que entendemos que no se justifica, ya que puede solucionarse mediante su adecuada clasificación si efectivamente se manifiesta necesario y pasa todos los filtros para ello establecidos, y que, en su defecto, la falta de planificación puede poner en riesgo la capacidad productiva de un espacio agrario, creemos que el anteproyecto de Ley puede y debe aprovechar la oportunidad para dotar de una mayor protección al Suelo Agrario Productivo del Archipiélago, clasificándolo en base a sus aptitudes, capitalización e importancia estratégica, en aras a mejorar la tan necesaria seguridad alimentaria de las islas (especialmente en estos momentos que asistimos a una crisis alimentaria a nivel mundial).

Una modificación de difícil comprensión, si se piensa que la Ley no se dirige a la defensa de intereses particulares, son las determinaciones que establece para las bodegas, que pasan a permitirse en todo el Suelo Rústico donde hayan viñas, siempre que no exista prohibición de Planes Insulares, Territoriales y, en su caso, cuando se ubiquen en Espacios Naturales Protegidos, de Planes de Ordenación de estos Espacios, a los que se obliga a ordenar las bodegas anteriores al 20 de diciembre de 1994, sin tener en cuenta, (o probablemente, teniendo demasiado en cuenta), que existe gran cantidad de viñedo en Suelo Forestal y que estas bodegas, en gran cantidad de casos, no son sino cuartos de fin de semana.

Por otra parte, la dinámica de introducir cambios injustificados en la Ordenación del Territorio de Canarias, se reproduce también al pretender liberar a los Asentamientos Agrícolas de la exigencia de contar con la Unidad Mínima de Cultivo, legalmente establecida para Canarias, en clara contradicción con la propia definición de esta categoría de Suelo Rústico y con los propósitos de las Directrices de Ordenación General que en el año 2003 la introducen en el ordenamiento jurídico.

Con respeto a la ordenación de la actividad turística que acomete el proyecto de Ley tratado, bajo el eufemístico título de Turismo y Sostenibilidad Territorial, se destaca el propósito explícitamente expresado en la Exposición de Motivos de acometer el mandato de la Directriz de Ordenación del Turismo nº27, de establecer los ritmos de crecimiento de nuevas plazas turísticas en cada una de las islas, para el próximo trienio, a partir de la entrada en vigor de esta Ley de Medidas Urgentes.

Con relación a lo mismo, hemos de decir que los deficientes Ritmos establecidos son parciales, ya que únicamente afectan a las Islas de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, e imprecisos, ya que con las medidas desarrolladas para incentivar la renovación, rehabilitación y mejora de los establecimientos existentes, en las que las plazas pueden hasta multiplicarse por 7, es imposible determinar el crecimiento de camas turísticas para el citado periodo, con lo cual se imposibilita el desarrollo de los correspondientes Planes Territoriales Especiales de desarrollo.

Además de por lo anteriormente citado, esta Ley no se ajusta a los dispuesto en la citada Directriz nº27 en cuanto que los imprecisos crecimientos no se justifican en la capacidad de carga ni en la evolución de los factores ambientales, sociales y económicos, en especial de los sectoriales, ni se regula en la citada Ley el procedimiento para el otorgamiento de las Autorizaciones Turísticas.

Entre las medidas para incentivar la renovación, rehabilitación y mejora de los establecimientos existentes, que junto a facilitar la regularización de los establecimientos ilegales parece ser lo que más preocupa al Gobierno, es preocupante que se permita la clasificación de nuevos Suelos Urbanizables Turísticos en las citadas islas orientales, aunque lo mismo venga precedido de la desclasificación de suelo turístico existente en igual cuantía edificable, por cuanto podría significar la innecesaria extensión del espacio urbano o al menos la transformación de suelo rústico.

En relación a la Ordenación Territorial de la actividad turística de las islas menores occidentales, sin aportar ninguna justificación para desvincularnos de los principios rectores que nos identifican como región, introducidos por las Directrices, la Ley nos remite a lo regulado en la Ley específica 6/2002, de 12 de junio, en lo que entendemos no deja de ser una clara maniobra política de imprecisas repercusiones, con la que pretenden zafar, al menos, al PTE Turístico de La Palma, (sobre el que pesa un contencioso administrativo abierto por esta Asamblea Ecologista), de los flagrantes incumplimiento de la citada norma general, en materia de ordenación territorial.

Otra medida que, alejándose nuevamente del Interés General, busca dar cobertura a los empresarios turísticos infractores, (que no a otros ciudadanos), es el previsto proceso de regularización de establecimientos turísticos ilegales en explotación, a lo que curiosamente La Palma se había adelantado mediante el Censo abierto por el PTE Turístico, al margen de toda cobertura legal, que ahora pretenden otorgarle.

En similar línea de premiar la actuación irregular, se manifiesta el Borrador de Ley de Medidas Urgentes con respecto a los establecimientos deteriorados, a los que, a cambio de su rehabilitación, que conforme a la legislación turística vigente tendrían que hacer sin más para mantener su autorización de funcionamiento, podrán aumentar su capacidad hasta vez y media más de la existente, eso sí, con la correspondiente acreditación de la Consejería de Turismo.

En suma, consideramos que con la pretendida reforma legislativa (el Borrador de Ley de medidas urgentes en materia de Ordenación Territorial de fecha 13 de mayo de 2008), se produce un retroceso en la protección del territorio en Canarias, así como una contradicción con los principios rectores que han guiado la ordenación del territorio tanto a nivel nacional como a nivel de nuestra Comunidad Autónoma, sin una justificación adecuada, lo que lleva a sospechar que se está legislando para satisfacer el interés particular de unos pocos, sacrificando el interés general de todos/as los/as canarios/as.

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asamblea ecologista de La Palma 2009
www.asambleaecologista.org