Nota de Prensa, 22 de junio de 2006
Frente a la chapuza que representa el PTE, la impunidad a la que están acostumbrados nuestros gobernantes de Coalición Canaria no les inspira otra solución que la huída hacia adelante. La semana pasada la Ponencia Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, presentó un informe acerca del PTE de La Palma que enumera una serie de graves errores legales, formales y de procedimiento que debería sacar los colores a los redactores y ,sobre todo, a los promotores del citado Plan. Éstos van desde la falta de informes vinculantes y preceptivos, hasta el incumplimiento del trámite de exposición pública de buena parte del plan, además de errores formales como la estructuración no reglamentaria del documento. A pesar del interminable desglose de ilegalidades y errores expuestos por la Ponencia Técnica, ésta, sorprendentemente, ha dado su aprobación “condicionada” al documento. ¿Se puede encontrar otra explicación a esta contradictoria actuación de la Ponencia Técnica y la posterior aprobación del PTE por la COTMAC que no sea la existencia de interesadas presiones políticas y financieras?
De entre todos estos despropósitos queremos destacar lo que hasta ahora los ecologistas de La Palma no nos hemos cansado de denunciar –y en el Cabildo de negar. La solicitud de la Ponencia Técnica de someter al trámite de información pública las MODIFICACIONES SUSTANCIALES introducidas, confirma que el PTE fue aprobado por el pleno del Cabildo de La Palma vulnerando la ley. (Para consultar los cambios sustanciales denunciados ver www.asambleaecologista.org/PTE).
Conociendo estos graves errores de procedimiento, más los errores formales y el grado en que contradice la filosofía de este plan territorial a la de las leyes que regulan la ordenación del turismo en Canarias y en La Palma (19/2003, de 14 de abril, y 6/2002, de 12 de junio), esperábamos otro planteamiento de la Ponencia Técnica y de la COTMAC. Exigimos que nuestras instituciones defendiesen la legalidad que permite un uso responsable de nuestro territorio, patrimonio de esta comunidad y garantía de su futuro. Sin embargo, una vez más, queda demostrada y justificada la indefensión del ciudadano frente a la política caciquil que han padecido estas islas desde siempre.
El informe de la Ponencia Técnica no sólo no desestima la aprobación del PTE sino que da recomendaciones a sus redactores para mantener el mismo modelo de turismo convencional. Citaremos tres ejemplos:
Si bien suprime algunas actuaciones convencionales, propone al Cabildo Insular de La Palma que legitime en el futuro estas actuaciones mediante la previsión de “equipamientos estructurantes vinculados a las mismas”.
También propone legitimar las instalaciones mayores de 200 plazas alojativas mediante un proyecto de actuación territorial general, vinculándolo a los “sistemas deportivos y de ocio” y no a las “condiciones específicas de los campos de golf”, “pues el Proyecto de Actuación Territorial General sí podría utilizarse para otras actuaciones de interés general en suelo rústico distintas a un campo de golf”.
Último ejemplo: solicita la declaración de inviabilidad del plan para ser sometido al proceso de evaluación ambiental que establece la nueva ley 9/2006, ya que el 21 de julio expira el plazo que permite al PTE salir adelante sin los informes, obligaciones y seguimientos que exige esta nueva ley.
¿No se extralimita en sus funciones la Ponencia Técnica con estas recomendaciones? ¿No deberían ser las autoridades públicas las primeras interesadas en que estos proyectos con importantes repercusiones medioambientales sean evaluados de forma profunda y rigurosa como propone esta nueva ley?
La ciudadanía no sólo se enfrenta a las dificultades burocráticas para la participación en la elaboración de normativas tan trascendentales como el PTE, sino también a la picaresca y la impunidad con la que, a base de decretos y maniobras poco democráticas, nuestros gobernantes muchas veces legislan favoreciendo intereses particulares frente al interés general. Suerte que cada vez somos más quienes, defendiendo nuestros derechos, nos oponemos a estas actuaciones que lesionan las instituciones democráticas y perjudican el bien común.
asamblea ecologista de La Palma 06/2006